Vivienda de alquiler y rehabilitada

  • Establecimiento de una moratoria de las ejecuciones hipotecarias en caso de vivienda habitual y creación de una Oficina Pública de mediación que arbitre los mecanismos necesarios de refinanciación, transición a situación de alquiler con derecho a compra u otros mecanismos.

  • Paralización de todos los procesos en marcha de enajenación del patrimonio público de vivienda y suelo.

  • Orientación de todos los recursos públicos de las políticas de vivienda a las políticas públicas de vivienda en alquiler, creando una nueva cultura de la gestión de la vivienda pública, y al impulso de las políticas de rehabilitación propiciando la participación activa de los usuarios y la autogestión.

  • Creación de una división hipotecaria del Instituto de Crédito Oficial dotada de estructura y recursos suficientes para financiar las políticas públicas de vivienda.

  • Supresión de todos los incentivos fiscales a la adquisición de la vivienda.

  • Transferencia progresiva de las políticas de vivienda hacia los municipios, dotándolos de los recursos necesarios para ello.

  • Realizar una política activa para introducir en el mercado de alquiler las viviendas vacías, a través de la creación de un registro de las mismas, la concertación y mediación entre propietarios y demandantes de vivienda y, llegado el caso, aplicando la expropiación de uso de las viviendas y su gestión pública a precio inferior al 25% de la renta de sus inquilinos.

  • Impulso político al procedimiento de puesta en uso de solares y edificios mal conservados a través del registro de solares y ruinas y los procedimientos de subasta en casos de abandono continuado del deber de mantenimiento y de rehabilitación.

  • Condicionar la construcción de viviendas unifamiliares a pasivas=cero energía. Gravar las segundas residencias.

  • Impulso a las políticas de cooperativas de viviendas en alquiler y en cesión de uso de propiedad. 

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