-
Realizar una prospección de futuras cualificaciones y necesidades, basada en la transformación verde de la economía y no en la competencia y el PIB, como ocurre con el Plan Moderna.
-
Dar incentivos fiscales a las empresas, que ayuden a la transición hacia políticas de empleo verde, la innovación ecológica en sus procesos productivos, y apoyo al arranque de empresas socialmente útiles, que empleen personas en desventaja en el mercado laboral, como parados de larga duración, discapacitados, expresidiarios o personal de baja cualificación. En estos incentivos fiscales tendrán una línea propia las iniciativas de economía social y solidaria, cooperativas y otras formas de empresa participada.
-
Involucrar a los representantes de los trabajadores, sindicatos, en la tarea de transformación ecológica del entorno laboral y conseguir entornos laborales, empresas e industrias más sostenibles. Impulsar en particular un pacto de transporte sostenible para los trabajadores de las empresas radicadas en polígonos industriales y zonas periurbanas.
-
Mayor impulso económico a programas de formación en métodos de producción sostenible y en los retos del cambio climático, adaptada a los distintos sectores y funciones laborales.
-
Apoyar a las asociaciones medioambientales y de consumidores en la difusión de buenas prácticas y en la tarea de informar sobre las alternativas de consumo, tratando de implicar a toda la sociedad en el proceso de transformación.